El Consejo Alemán de Expertos Económicos, órgano consultivo de política económica, ha revisado a la baja sus previsiones. Mientras su estimación de noviembre apuntaba a un crecimiento del 4,6 %, la última prevé que el PIB alemán crezca un 1,8 % en 2022 y un 3,6 % en 2023, informa Handelsblatt. Para la zona euro, el Consejo prevé un crecimiento económico del 2,9 %, tanto para 2022 como para 2023.
La previsión de inflación anterior era del 2,6 % para Alemania en 2022, pero la actual es del 6,1 %, el valor más alto desde principios de los años 90. El pronóstico para 2023 se mantiene en el 3,4 %. Para la zona euro se esperan tasas de inflación del 6,2 % para el año en curso y del 2,9 % para el próximo.
Las elevadas tasas de inflación se deben en gran medida al aumento de los precios de la energía y a la situación de incertidumbre por la dependencia energética rusa. Según Handelsblatt, existe actualmente un debate en Alemania sobre la viabilidad de un embargo al gas ruso. El Consejo de Expertos no dio una opinión clara y concluyente sobre esta cuestión, pero recomendó tomar medidas inmediatamente para armarse contra una posible congelación del suministro.
La industria energética alemana está sufriendo la situación actual con los altos precios del gas, el petróleo y el carbón. El Gobierno ya ha recibido una solicitud de la empresa energética VNG para obtener un préstamo multimillonario del grupo KfW (Banco de Desarrollo alemán), publica Financial Post.
Se temen muchas quiebras en empresas industriales de sectores intensivos en energía que han visto multiplicadas sus facturas de electricidad y gas. A ello se suman las sanciones contra Rusia, que prohíben a las empresas alemanas hacer negocios y suponen una considerable burocracia para los empresarios. Por último, la interrupción de las cadenas de suministro también está pesando en la economía.
El ministro federal de Economía, Robert Habeck, propone una ayuda económica estatal a gran escala a través de reasignaciones del Fondo de Estabilización Económica (FEE) de la pandemia. El Gobierno federal había creado este fondo durante la pandemia y lo había dotado de 600 000 millones de euros. Aunque el volumen se redujo a 150 000 millones de euros recientemente, sigue siendo el mayor instrumento de crisis gubernamental. El objetivo es evitar insolvencias de empresas relevantes que pudieran tener efectos sobre el conjunto de la economía. De momento, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, se ha posicionado en contra del plan.
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