Luxemburgo

Las medidas incluyen ayudas directas y garantías del Estado. El valor total del paquete asciende a 8800 millones de euros, el 14 % del PIB luxemburgués. De esta forma, el Gobierno de Luxemburgo, que ha contado con superávits presupuestarios en los últimos años y una deuda pública muy reducida -inferior al 20 % del PIB en 2019-, quiere apoyar a las empresas y autónomos que tengan dificultades económicas por las medidas de confinamiento, con el fin de que puedan seguir pagando salarios y alquileres.

En lo que respecta al desempleo, el Estado se hará cargo del 80 % del sueldo de los trabajadores en situación de paro parcial por fuerza mayor, para evitar que las empresas se vean obligadas a realizar despidos.

Todos los trabajadores por cuenta propia y todas las empresas de hasta nueve empleados que hayan visto mermada su actividad por las medidas de confinamiento contra el coronavirus, recibirán 5000 euros inmediatamente y sin necesidad de trámites burocráticos ni condicionalidades, excepto tener una cifra de negocios mínima de 15 000 euros, que se considera el límite para entender que la empresa tenía una actividad real antes de la crisis.

La decisión de mayor peso presupuestario se refiere a las cotizaciones de la seguridad social. Pueden ser suspendidas durante seis meses, una medida que costará al Gobierno más de 3000 millones de euros en el presupuesto del Estado.

Además, Luxemburgo había tomado medidas anteriores a las expuestas, como diferir en el calendario los pagos de varios impuestos, por valor de 1750 millones de euros. También se ha negociado con Francia y Bélgica que los trabajadores transfronterizos provenientes de dichos países sigan sujetos al impuesto sobre la renta luxemburguesa, menos gravoso, aunque trabajen desde su país de origen.

El sector bancario ha aceptado una moratoria de hasta seis meses de los reembolsos de créditos de empresas en dificultades por la situación actual. Por su parte, el Estado ha establecido un régimen de garantías para nuevos créditos bancarios por un plazo máximo de seis años. El Estado asumirá el 85 % del riesgo de dichos préstamos, por un valor total de 2,5 millones de euros.