.png.transform/rendition-xs/image_image%20(1).png "Feder")
La repercusión de las inversiones extranjeras directas en la seguridad y el orden público o interior de los Estados en los que se realizan las inversiones de capital es un factor importante que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar determinadas inversiones en activos relevantes para la seguridad nacional, según ha informado la autoridad checa.
Debido a esta preocupación, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y la OTAN han introducido marcos nacionales para el control de las inversiones extranjeras directas. El mecanismo de selección checo comenzará a funcionar el 1 de mayo de 2021, cuando entre vigor la ley.
La República Checa es el quinto país menos restrictivo en cuanto a las facilidades que ofrece en cuanto a la inversión extranjera, por lo que no impondrá ninguna carga administrativa innecesaria a los inversores sin riesgo. El mecanismo nacional de selección tiene como único objetivo reforzar la posición de la República Checa para mantener un entorno de inversión seguro para todos los actores involucrados.
Se trata de una ley que sigue un marco de referencia europeo. La creación de esta ley se venía discutiendo desde 2016, pero se ha visto acelerada por la pandemia. En un principio la ley es para proteger las capacidades la Unión Europea en materia de industria médica, infraestructuras críticas y de comunicación, medios de comunicación e industria de la defensa.
El coordinador de la evaluación de las inversiones es el Ministerio de Industria y Comercio de Chequia, que es el que subsidiariamente informa a la Comisión Europea y a los ministerios competentes en la materia. Durante el proceso habrá instituciones consultadas, por ejemplo, el Ministerio de Defensa si es una inversión en el sector armamentístico.
En principio el proceso de análisis está exento de tasas y es un proceso que dura 45 días (en casos excepcionales hasta 90 días). Durante este tiempo se evalúa la pertinencia o no de la inversión y el veredicto puede ser de tres tipos: aprobar, aprobar condicionalmente o bloquear la inversión.
En principio, la Comisión Europea no tiene potestad para bloquear inversiones, dado que la decisión final corresponde al estado en cuestión (caso especial: salvo que afecten a programas europeos clave, tales como Galileo). También existirá una valoración ex-post de ciertos proyectos, cuyo desarrollo y actividad podrán ser monitorizados durante algunos años, después de haberse realizado la inversión.
