Suiza

En la actualidad solo es una propuesta, dado que no sería hasta marzo de 2022 cuando el Gobierno suizo la presentará al Parlamento para su discusión.

Tal y como se desprende de la información publicada por el suizo NZZ, a pesar de la presión política al respecto, en 2019 el Gobierno suizo (Consejo Federal) ya había rechazado introducir controles adicionales a las inversiones extranjeras por los siguientes motivos:

• - La política abierta respecto a las inversiones extranjeras es clave para el atractivo de Suiza como lugar de negocios y puede ser descrito como modelo de éxito.
• - La legislación suiza actual ya permite evitar en la práctica una compra de una empresa suiza por inversores extranjeros que pueda suponer un riesgo para la seguridad nacional.
• - El grueso de las empresas suizas de los sectores estratégicos está en poder público (del Gobierno federal, de los cantones o de los municipios), lo que supone la protección más efectiva frente a cualquier influjo extranjero, y los bancos e infraestructuras financieras sistémicos están bajo la supervisión de la autoridad de los mercados financieros y/o del banco central suizos.
• - La experiencias nacionales e internacionales hasta la fecha no dan señales claras de que la adquisición de empresas por inversores extranjeros conlleve un riesgo para la seguridad nacional o para la capacidad productiva del país.
• - La introducción de barreras adicionales para la inversión extranjera en Suiza sería contraproducente en la media en que generaría costes administrativos adicionales y trabas a la libertad empresarial y reduciría el atractivo de Suiza como lugar de negocios.
• - Es difícil diferenciar en la práctica las inversiones con “buenas intenciones” de aquellas con “malas intenciones”.
• - La introducción de controles podría ser aprovechada por lobbies nacionales para evitar la entrada de inversores extranjeros por su interés particular.

A pesar de la clara posición contraria, el Parlamento suizo aprobó en marzo de 2020 una propuesta que obligaba al Consejo Federal a presentar una iniciativa legislativa al respecto.

Así, el 25 de agosto de 2021, el Consejo Federal ha presentado las siguientes líneas generales de lo que será su propuesta legislativa, que no será presentada ante el Parlamento suizo hasta marzo de 2022:

• - El objetivo es evitar daños al orden o a la seguridad públicos o alteraciones considerables a la competencia derivados de la compra de empresas suizas por inversores extranjeros.
• - Son seis los tipos de empresas sujetas al control del Consejo Federal:
  • 1) Empresas con relevancia sistémica (es decir, aquellas que prestan servicios indispensables y no sustituibles a corto plazo).
  • 2) Determinados proveedores respecto a los que el ejército suizo presenta dependencia crítica.
  • 3) Proveedores de sistemas informáticos relevantes para la seguridad pública y respecto a los que la administración pública suiza presenta dependencia crítica.
  • 4) Proveedores de componentes esenciales respecto a los que la infraestructura espacial internacional presente una dependencia crítica.
  • 5) Empresas con datos personales sujetos a especial protección y que podrían ser sujeto de ataque por un agente malicioso.
  • 6) Empresas objetivo de compra por empresas extranjeras del ámbito público cuya adquisición podría generar distorsiones a la competencia.
• - Respecto a las empresas suizas cubiertas por los nuevos controles, se plantea un umbral de tamaño (ingresos mundiales de al menos 100 millones de francos suizos), con excepciones (por ejemplo, no habría umbral alguno en el sector de la energía), y se propondrán distintas alternativas de definición en relación con la implantación geográfica de la empresa (bien exclusivamente aquellas con matriz suiza; bien incluyendo también filiales en Suiza de empresas extranjeras).
• - En cuanto a la definición de empresas extranjeras que han de comunicar su intención de compra de una empresa suiza, se incluirían todas aquellas de titularidad o con participación pública, independientemente del sector en el que se va a producir la inversión. En el caso de empresas extranjeras privadas, habrá que definir en qué sectores existe la obligación de solicitar autorización.
• - El inversor extranjero que desea comprar una empresa suiza bajo alguno de los supuestos contemplados en la norma deberá dirigir una solicitud a la Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO), la cual deberá determinar en un primer análisis si puede conceder una autorización rápida. En caso contrario, se lanzaría un procedimiento de prueba, que en caso de conducir a una respuesta negativa sería susceptible de revisión.
• - Se prevé reconocer la posibilidad de llegar a acuerdos de cooperación en esta materia con otros Estados que permitan excepciones a estos controles.

Haciéndose eco de los inconvenientes esbozados por el propio Consejo Federal en su informe de 2019, el sector empresarial suizo se ha mostrado en general en contra de esta propuesta, planteando como críticas adicionales que podría generar un riesgo de medidas equivalentes de represalia por China frente a inversiones suizas en su país y que existen riesgos para la seguridad nacional más graves que los planteados en la propia propuesta (por ejemplo, el de ciberataques).

Aunque esta ley finalmente saliera adelante, es de esperar de todos modos que no tenga impacto sobre las inversiones de la Unión Europea, tanto porque el objetivo implícito de la misma se circunscribe a China porque Suiza se enfrentaría a posibles represalias por parte de la UE, principal origen de la inversión directa extranjera en el país.

Finalmente, también hay que señalar que muchos países de la UE (incluida España desde noviembre de 2020) y de otras regiones del mundo han venido aumentando a lo largo de los últimos años los controles a las inversiones extranjeras, en un contexto de desarrollo de nuevas tecnologías y creciente rivalidad geopolítica, factores acentuados desde 2020 por la carrera por el desarrollo de vacunas y el abastecimiento de material médico como consecuencia de la pandemia.