El pasado 8 de octubre de 2021 un total de 136 de los 140 Estados miembros del Marco Inclusivo del G20 y la OCDE han acordado una reforma fiscal que pretende abordar las debilidades del sistema tributario internacional en términos de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, exacerbadas como consecuencia de la digitalización.
Bajo el objetivo general de evitar el traslado artificial de las bases imponibles de empresas a países de baja o nula tributación por impuesto de sociedades, este acuerdo se estructura sobre un doble mecanismo:
- - por un lado, bajo su denominado Pilar 1, garantizar que los impuestos de las grandes multinacionales (definidas como aquellas con ingresos anuales de al menos 20 000 millones de euros y un margen de beneficios del 10 %) se recaudan en mayor medida donde se concentra su actividad comercial;
- - por otro lado, bajo su denominado Pilar 2, imponer a estas multinacionales un tipo efectivo del impuesto de sociedades mínimo del 15 %. Se calcula que estas reformas generarán unos 150 000 millones de dólares anuales (129.322 de euros) de ingresos fiscales adicionales a nivel mundial.
El acuerdo ha sido casi universal, habiendo sido rechazado sólo por Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka y siendo reseñable que finalmente se hayan unido países pequeños de baja tributación fuertemente opuestos de partida, como Irlanda, Hungría y Estonia.
Dentro del grupo de países “escépticos” se encontraba Suiza que ha optado, sin embargo, finalmente por adherirse por tres motivos:
- - primero: este acuerdo internacional evita la proliferación a nivel nacional de múltiples impuestos digitales divergentes;
- - segundo: las grandes multinacionales con presencia en Suiza han señalado claramente su preferencia por una solución multilateral por la mayor seguridad jurídica que ofrece;
- - tercero: esta solución multilateral permite a Suiza seguir siendo una sede competitiva de grandes multinacionales.
El propio Gobierno suizo estima que las reformas del Pilar 1 apenas afectarán a menos de diez empresas en el país, mientras que las del Pilar 2 afectarán a unos pocos centenares de empresas con matriz suiza, así como a unos pocos millares de filiales suizas de multinacionales extranjeras.
A pesar de que el paquete finalmente aprobado prevé un calendario de aplicación progresiva en el caso del tipo mínimo, Suiza sigue criticando que el acuerdo no tiene suficientemente en cuenta la duración de los procesos nacionales de aprobación legislativa, adelantando que no le resultará posible transponer las reglas del Pilar 1 en el plazo previsto de 2023.
Finalmente, y en coordinación con los cantones, los municipios, los actores económicos y el mundo académico, el Gobierno suizo ha anunciado públicamente que a lo largo del primer trimestre de 2022 remitirá al Parlamento propuestas para compensar la pérdida de competitividad de Suiza como lugar de negocios derivada del incremento impositivo.