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Tal y como ha señalado el portal N12, en el centro de la reforma se encuentra la abolición de los aranceles, diseñada para favorecer la importación de productos agrícolas, medida que sería compensada con la transferencia del apoyo económico directamente a los agricultores. Las organizaciones de agricultores se oponen fuertemente a la iniciativa que consideran puede resultar en la destrucción del sector agrario israelí.
También se planea una reforma significativa en la industria del huevo: la importación de huevos recibiría una exención de impuestos y, a cambio, el Gobierno compensaría al sector local con un apoyo directo a los criadores de huevos que podría alcanzar los 1100 millones de séqueles (285 millones de euros).
Como parte de la reforma, el Gobierno tiene la intención de abolir por completo los aranceles sobre las importaciones de numerosas frutas y verduras, entre ellas: piñas, aguacates, nísperos, higos y otros productos. También pretende reducir los aranceles aduaneros de otros productos como uvas, sandías, duraznos, naranjas, cerezas y más. A cambio, los agricultores recibirán compensación en forma de ayuda directa que ascendería a 420 millones de séqueles por año y se dividirá de acuerdo con un cálculo de 100 por dunam (25 euros por cada 1000 m2) de tierra cultivada.
Desde el Finanzas afirman que, en caso de entrar en vigor, la medida conducirá a una reducción significativa de los precios en la industria de productos agrícolas, lo que a su vez generará ahorros de 840 séqueles por familia israelí cada año. En la rueda de prensa, los ministros presentaron el significativo aumento de los precios de las frutas y hortalizas a lo largo de los años, y al mismo tiempo una disminución de alrededor del 20 % en el consumo per cápita de frutas y hortalizas.
Avshalom Villan, secretario general de la Asociación Agrícola de Israel, advirtió del eventual colapso de la industria local: “este es un movimiento que destruirá la agricultura israelí. En todo el mundo, cada vez que se realiza una maniobra de este tipo se concede una prórroga de varios años para una progresiva adaptación, tanto por parte del Estado, como de los agricultores. El coste de esa adaptación se estima en 3000 millones de séqueles al año, y la cantidad de la que habla el ministerio de Finanzas como “apoyo a los agricultores” es una burla para estos profesionales. Por lo que la Asociación solicita que se reconsidere la reforma, que en su esquema actual causará un daño sin precedentes”.
