Page 123 - Guía Legal de compliance Colombia

La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la com- petencia en el mercado.
Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un pre- cio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombia- no, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción.
Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.
Prácticas restrictivas de la competencia
La violación de la normas de competencia está penalizada con las siguientes sanciones de carácter administrativo:
Multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o hasta el 150% de la utilidad de la conducta (lo que resulte más alta); Multas personales hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cualquier persona natural (p.ej. los directivos) que colabore, facilite, autorice, tolere o ejecute las conductas de las empresas violatorias de las normas de competencia con multas
Las investigaciones administrativas por prácticas restrictivas de la compe- tencia están a cargo de la SIC, autoridad única de competencia en Colom- bia. La facultad que tiene la autoridad colombiana de competencia para imponer sanciones por la violación del régimen de protección de la compe- tencia caduca a los cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta viola- toria, o del último hecho que dio lugar a la infracción, en las conductas de ejecución continuada.
En adición a las sanciones administrativas, las conductas contrarias a las nor- mas de competencia se consideran absolutamente nulas por objeto ilícito, por lo que podrían ser declaradas nulos por la jurisdicción ordinaria.
Así mismo, las conductas contrarias a la competencia pueden generar perjuicios individuales que podrían ser objeto de acciones indemnizatorias civiles, tanto de naturaleza individual como colectiva.
Además de lo anterior, la normativa penal colombiana tipifica la colusión en las licitaciones públicas como delito, penalizado con prisión de 6 a 12 años y multas de hasta 200 y 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por 8 años.
8. Compliance de derecho de la competencia 123